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Pasividad política versus derecho a una una vivienda digna Acción promovida por: Demolición de viviendas Iniciado el 13 de mayo de 2014 Finaliza el 13 de febrero de 2015

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Somos un grupo de personas afectadas por una situación de pasividad política. Quizá con esta introducción no puedan hacerse una idea del fondo de nuestra petición que se articula a través de una iniciativa legislativa popular, pretendiendo que se dicte una Ley que trate por igual a todos los residentes en España, sin que pueda dispensarse un trato distinto por el hecho de vivir en una Comunidad Autónoma u otra.

Lo cierto es que sobre nuestras viviendas, las que hemos construido con el esfuerzo de una vida de trabajo y que constituyen nuestro hogar y el de nuestros hijos, pesan órdenes judiciales de demolición.

A quienes no conozcan la realidad de nuestra situación, idéntica a la de miles de familias en toda España, le podrá parecer que hemos cometido algún crimen construyendo nuestra casa en un parque natural o algo por el estilo. Nada más lejos de la realidad. Nosotros edificamos nuestras casas en lugares donde existen desde hace décadas centenares en la misma situación, donde los Ayuntamientos prestan servicios de recogida de basuras, o se cuenta con suministros de agua, electricidad o teléfono y se cobra por ello; en lugares donde, desde hace años, se están modificando los Planes Generales correspondientes para adecuarlos a la realidad existente, que es la de zonas perfectamente urbanizadas.

Sin embargo, la modificación de dichos PGOU es sumamente lenta –superior a una década en muchos casos- y se topa con la pasividad de nuestros políticos, preocupados únicamente por captar votos una vez cada cuatro años, olvidándose durante el resto del tiempo de sus obligaciones: solucionar los problemas de los ciudadanos y no ser la fuente de los mismos.

La Comunidad de Cantabria es la primera que ha sido sensible a este problema y ha dictado la Ley 4/2013 de 20 de junio que, además de pretender la agilización de los Planes Urbanísticos, permite a aquellas viviendas cuya legalización prevén los mismos que no sean derribadas mientras se culmina su tramitación.

No se pretende con ello legalizar lo ilegalizable o tolerar atentados contra el medioambiente, que no son ni serán nunca beneficiarios de esta iniciativa. Simplemente, queremos que se trate por igual a todos los españoles y residentes en España y que lo que la Ley de Cantabria posibilita se haga extensivo al resto de España. Sin más, que mientras se aprueba una modificación de un Plan General que dura años, se permita que aquellas viviendas que adquirirán la condición de legales con dicha modificación no sean derribadas dejando sin hogar a miles de familias en toda España.

Nuestra iniciativa es una cuestión de sentido común, pues evitará destruir algo que poco después podría volverse a levantar; es una cuestión de igualdad de trato, porque ya existe una Ley en Cantabria que así lo establece y la ausencia en el resto de Comunidades sólo supone un agravio comparativo contrario al derecho fundamental de igualdad; y es una cuestión de humanidad porque todos tenemos derecho a una vivienda digna y no puede entenderse que se pretenda derribar miles de hogares por la dejadez de los políticos que tienen que aprobar los Planes Generales, mientras se eternizan los mismos en sus despachos.

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Proposición

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